Casinos online y juego responsable en Perú en 2026: qué pide el Estado a los operadores
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Con un marco regulatorio más claro, es probable que en los próximos años veamos más operadores licenciados, nuevas plataformas y mejores servicios para los jugadores peruanos. También se espera que mejore la disponibilidad de métodos de pago locales, como Yape, Plin o PagoEfectivo, que son cada vez más utilizados por los jugadores en Perú. En primer lugar, un mercado regulado suele ofrecer mayor seguridad en los depósitos y retiros, ya Yape Casino que los operadores deben cumplir con normas claras de protección al consumidor. Con estas reformas, Perú busca consolidar un entorno más seguro tanto para los usuarios como para las empresas que operan legalmente.
A lo largo de 2000, el sector presencial siguió creciendo, mientras que el juego online se mantuvo en gran parte sin regular, aunque tolerado. Este crecimiento refleja la creciente aceptación y popularidad de los juegos de azar en línea entre la población peruana, con una notable transición hacia las plataformas digitales para juegos y apuestas. Luego de la promulgación definitiva del nuevo marco regulatorio, los juegos de azar en línea experimentaron un crecimiento sustancial, con estimaciones que sugieren un tamaño total aproximado de USD 1.200 millones para el cierre del 2024. El camino hacia la regulación de los juegos de azar en línea tiene ya décadas recorriéndose en el país, empezando con la legislación inicial para los casinos físicos que data de 1979. Siguen estrictas leyes internacionales para asegurar su transparencia porque tenemos leyes para regularlos en nuestro país. Para cumplir con estos requisitos, los casinos y máquinas de juego deberán contar con inspección técnica, instalación de cámaras y todos los medios que garanticen la transparencia para sus usuarios. Recién en la década de 1990 las loterías y los casinos recibieron leyes más claras para operar en el país. En agosto, el Gobierno de la República publicó una recopilación de leyes en el diario El Peruano, las cuales dieron el primer paso oficial hacia la regulación de las apuestas a distancia en nuestro país.
En ese sentido, el juego online se convierte también en una fuente legítima de ingresos para el Estado, además de fomentar empleo directo e indirecto en áreas como desarrollo tecnológico, atención al cliente, diseño de plataformas, marketing digital y métodos de pago electrónicos. Para facilitar esta distinción, el Estado ha lanzado el portal apuestasdeportivas.mincetur.gob.pe, donde los usuarios pueden consultar operadores autorizados y recibir orientación sobre sus derechos como consumidores digitales. Esto es especialmente relevante en un país donde el acceso a internet se ha masificado y donde los jóvenes son particularmente vulnerables a dinámicas de riesgo en entornos digitales. La ley también establece sanciones para quienes operen sin licencia, cerrando el paso a páginas ilegales que antes aprovechaban el vacío normativo. Estos registros deberán conservarse durante al menos cinco años y estar disponibles para la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú y el ente supervisor. Esto incluye procesos de verificación, monitoreo continuo y controles reforzados para perfiles de mayor riesgo, como personas expuestas políticamente. Fin del anonimato en las apuestasLa norma establece estrictas políticas de debida diligencia para identificar a clientes, beneficiarios finales, proveedores y directores.
Crecimiento del mercado y formalización
El PIB peruano ha mostrado un crecimiento constante, impulsando el surgimiento de una clase media con mayor ingreso disponible. Más allá del entorno regulatorio, los indicadores económicos del país refuerzan los argumentos a favor de entrar al mercado. Los operadores están obligados a proporcionar herramientas para que los jugadores puedan establecer límites de apuestas, autoexcluirse y acceder a recursos de apoyo. Los operadores deben consultar las publicaciones oficiales de MINCETUR y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para obtener información detallada y actualizada sobre estos requisitos fiscales. Perú impone un impuesto del 12% sobre los ingresos netos de los operadores de juegos de azar online, calculado como el total de las apuestas menos los premios pagados.
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El ministro Roberto Sánchez explicó que se debe regular esta actividad porque nadie puede realizar una actividad sin pagar impuestos. Las empresas deben identificar y monitorear a clientes y beneficiarios, eliminando las apuestas anónimas para fortalecer el control financiero. El reglamento también exige que los grupos económicos desarrollen políticas corporativas de prevención, intercambio de información y designen oficiales de cumplimiento corporativos, previa autorización de las autoridades respectivas. Finalmente, la nueva regulación incorpora bajo su alcance a las plataformas de juegos a distancia y apuestas deportivas online, que deberán cumplir los mismos estándares de prevención y control. Todos los operadores deben documentar e implementar sistemas rigurosos de prevención y manuales de conducta específicos para su actividad.
Mayor control sobre operadores no autorizados
Si bien el reglamento establece mecanismos de supervisión, aún queda por ver si el Estado cuenta con los recursos técnicos y humanos necesarios para controlar en tiempo real la actividad de las plataformas, bloquear operadores ilegales y sancionar a quienes incumplan la normativa. Las actividades de juegos de azar y apuestas deportivas generaron en el país unos $1.000 millones al año sin el impuesto especial al juego (12%), como lo hicieron durante 20 años los casinos y máquinas tragamonedas, enfatizó. La normativa incluye medidas para proteger a los usuarios, especialmente a menores de edad y personas vulnerables, mediante controles de acceso y programas de juego responsable. Se establecen etapas para la verificación de identidad, el monitoreo de actividades y la aplicación de controles reforzados sobre clientes considerados de mayor riesgo, como personas expuestas políticamente (PEP) o quienes hayan sido investigados por delitos similares. Estas medidas buscan limitar la actividad de operadores que anteriormente funcionaban sin supervisión y fortalecer la confianza de los usuarios en las plataformas reguladas.